La mitad de los uruguayos que fueron los que votaron y llevaron al sillón presidencial a Tabaré Vázquez no quieren la revolución, sólo quieren reformas, se conforman con eso.
El sindicato de Artes Gráficas, el del taxi y otras organizaciones como Plenaria Memoria y Justicia creen en cambio, y así actuan, que llegó la hora de la revolución y por tanto que hay que expropiar los medios de producción a los “burgueses capitalistas”.
Eso es lo que ha hecho el sindicato de Artes Gráficas con la imprenta Vanni al ocuparla y luego comenzar a hacerla funcionar usando máquinas que no le pertenecen y cobrando por los trabajos realizados.
El propietario de la imprenta llevó el caso a la justicia que ayer se expidió procesando, por apropiación indebida, a 57 trabajadores sin prisión, a tres con prisión por tener antecedentes penales, al tiempo que se pidió órden de captura de cinco más que no se presentaron ante el juez, mientras tres fueron sobreseídos.
No es este, por cierto, el primer caso de una ocupación de un bien por parte de trabajadores, pero en esos casos lo hicieron con otro fin, “reformista”, en todo caso si se asume una visión marxista de las relaciones laborales. Los casos de Funsa o Sudamtex son esos ejemplos, pero fue ante el abandono del medio de producción y no como en el caso de Vanni por una apropiación indebida. Es como bien dice en su sentencia el juez Jorge Díaz que entendió en la causa. “En esos casos se mantuvo y preservó la planta con el esfuerzo de los trabajadores y la solidaridad de la población, hasta encontrar una solución jurídica al funcionamiento de la unidad productiva, pero antes de que la misma se concretara, nunca los ocupantes explotaron la empresa ocupada en provecho propio”.
Casi simultáneamente que se conocía la sentencia del juez Díaz, el gobierno, a través del ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dio a conocer el proyecto sobre prevención de conflictos que intenta regular la ocupación de los centros de trabajo.
El proyecto no nació bien y ya en la mesa de parto tuvo ácidas críticas de parte del sector trabajador y del empresarial. El primero, porque no admite que se regule nada y el segundo porque entiende que se está reconociendo como una medida lícita la ocupación de los centros de trabajo en tanto extensión del derecho de huelga, cuando es una práctica violatoria de los derechos a la propiedad y al trabajo.
Las críticas empresariales no son ociosas: en la Constitución de la República están consagrados los derechos de los ciudadanos, pero cada derecho es pasible de una reglamentación, menos, al parecer, el derecho de la huelga.
¿No habrá llegado el momento de asumir que es necesaria la reglamentación del derecho de huelga, tomando en cuenta que en esta administración se le han restituido a los trabajadores todos los derechos que años atrás le habín sido secuestrados?