Entre pasteras y papelones

Jorge Luis Borges, quien presumía en vida de tener dos nacionalidades: uruguayo porque fue concebido -decía- en la Banda Oriental y argentino por el lugar de nacimiento, llegó a asegurar que los uruguayos y los argentinos son parecidos hasta cuando salivan.
La voz de la calle habla generalmente, salvo cuando de fútbol se trata, y de acuerdo al lugar del Río de la Plata desde el que se opine, de “hermanos” uruguayos o “hermanos” argentinos.
Pero así como las guerras fratricidas son las más sanguinarias, el absurdo enfrentamiento entre el Uruguay y la Argentina por la instalación de dos plantas de celulosa sobre el Río Uruguay en la ciudad uruguaya de Fray Bentos ha llegado a extremos nunca conocidos entre estos dos países vecinos.
El último de los capítulos de este culebrón rioplatense se vivió en la augusta y pacata Corte Internacional de Justicia de La Haya, lugar al que acudió el gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner, en procura de lograr la detención de las obras de instalación de las pasteras, una de capitales españoles (Ence) y otra de capitales finlandeses (Botnia) bajo el presupuesto de que impactarán el medio ambiente de manera tal que habrá daños irreversibles entre los habitantes de las zonas aledañas.
En la Corte de La Haya, los días 8 y 9 de junio pasados se escucharon los alegatos de uno y otro país.
Argentina denunció que Uruguay violó el estatuto del Río Uruguay, que obliga a ambos estados a tomar decisiones compartidas y cuestionó la falta de información sobre la tecnología que utilizarán las papeleras, las que afectarán todo el ecosistema de una región que vive del turismo, la agricultura y la pesca, según se adujo en las audiencias.
Uruguay, por su parte, aseguró que Argentina no puede probar que vaya a existir daño alguno y puso sobre la mesa los perjuicios económicos ocasionados por los bloqueos de los puentes internacionales, cuantificados en 500 millones de dólares en plena temporada turística del verano austral. Así mismo destacó que la suspensión de las obras privaría al país de la inversión más grande en su historia.
Los jueces deberán tomar ahora una decisión sobre si hacen lugar al pedido argentino de detener las obras cosa que, según se han encargado de señalar varios especialistas, es harto improbable que eso ocurra. Pueden, sin embargo, proponer algún camino alternativo: la suspensión de las obras por un plazo menor, y que los países busquen un entendimiento; podría obligarlos a sentarse a negociar directamente o instar a los países a compartir el monitoreo ambiental de las plantas con un pacto para cerrarlas si se comprueban los daños al medio ambiente que alega Argentina. La Corte requiere la mitad más uno de los votos para un pronunciamiento.
Sin embargo, más allá del resultado judicial no hay lugar a dudas que los dos países han resultado perdedores en el contencioso, en tanto ha quedado demostrada la incapacidad de ambos gobiernos de llegar a bordar un acuerdo potable para ambos países y que contemple las aspiraciones de uno y otro.
Es que el diferendo entre estos dos países vecinos ha cobrado tal intensidad que, por momentos, amaga con escapársele de las manos a ambos gobiernos.
A tal punto, que a esta altura de los hechos ya no está muy claro qué es lo que se discute y cuál es el rumbo a tomar. Ubicar el tema parece ser lo importante para evitar equivocaciones y malas interpretaciones.
De arranque no más, hay que partir de la base que Uruguay no va a renunciar a la mayor inversión privada de su historia, que representa casi un 10% de su PBI y que solucionará, sin dudas, el problema de la falta de trabajo en una zona deprimida y que supo tener, en algunos períodos de su historia, el mayor índice de desocupación de todo el país. Es una decisión tomada por el gobierno uruguayo y no va a dar marcha atrás y cuenta para ello con un inédito respaldo político y popular. Una reciente encuesta otorgó un apoyo del 80% de la población a la instalación de las empresas contra un 5% de oposición.
Ahora que ha pasado la primera instancia de la Corte de La Haya y mientras se aguarda su pronunciamiento, el gobierno argentino quiere negociar con el uruguayo alguna salida, pero no encuentra los caminos. Y el uruguayo dice lo mismo y tampoco encuentra los caminos. Es que hay mucho ruido en la línea, hay muchas interferencias.
Negociar, esa es la palabra clave, eso es por lo menos lo que el presidente argentino, Kirchner, transmite en reserva a sus funcionarios. Lo mismo hace en Uruguay Tabaré Vázquez.
Como telón de fondo, día tras día el Mercosur, el bloque regional que une a cuatro países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se desgaja y debilita y no solo por el diferendo papelero sino por las actitudes hegemónicas de los gigantes en desmedro de los más débiles y chicos: Uruguay y Paraguay.
El Mercosur está pasando por un mal momento; tanto la zona de libre comercio como la unión aduanera están funcionando de manera imperfecta e incompleta, sin coordinación de políticas económicas entre los cuatro países.
El conflicto entre Uruguay y Argentina no hace más que herir al bloque y entrar en contradicción al mismo proceso de integración. El ministro de Economía, Danilo Astori, el ministro más influyente en el gobierno de Vázquez planteó que “el Mercosur necesita muchos cambios, que lo ayuden a mejorar. Uruguay no desea abandonarlo; desea que mejore”.
Justamente este ministro es el que ha hecho temblar al bloque regional al plantear la necesidad de buscar nuevos rumbos y nuevas respuestas que el Mercosur no le da a Uruguay.
El fantasma del Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Estados Unidos se agita cada vez con mayor insistencia. Uruguay lo hace para mejorar su posicionamiento en el Mercosur y Estados Unidos con el indudable interés de introducir una cuña en una región que George Bush descuidó por sus aventuras guerreras y que ahora le importa ante el avance de gobiernos neopopulistas y nacionalistas, léase Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia.

servido por Antonio 4 comentarios compártelo