La denuncia anónima que vincula al vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, a su hermano Gonzalo y a los empresarios: Eduardo Coronel e Igor Svetogorsky en una suerte de organización mafiosa para delinquir a costa del Estado uruguayo en las compras de insumos para el Ejército, ha generado conmoción en el gobierno y en la sociedad.
La difusión de la denuncia disparó una variada pirotecnia de especulaciones sobre quién o quiénes son los responsables de haber difundido esos hechos y, además, sobre qué intereses perseguían.
Así se ha dicho que fue el Movimiento de Participación Popular, o alguien que se hizo pasar por integrante de esa organización política, integrante del Frente Amplio. También se dijo que fueron ex militares, devenidos en empresarios, que están molestos por haber perdido las licitaciones. También se ha dicho que las denuncias son parte de una estrategia montada por la derecha para desprestigiar al gobierno frenteamplista o que se persigue afectar la moral del Ejército.
Otro punto de atención ha sido que, por su carácter de anónimo, no se debía investigar y de paso se trató de desvirtuar a los medios que publicaron las denuncias por dejarse usar a sabiendas o inocentemente, en el marco de un operativo de enchastre.
Lo concreto es que la denuncia existe, que desde Presidencia se le dio curso para que se investigue su verosimilitud y ese es el punto que importa más que cualquier otro.
En este caso lo que hay que desentrañar por encima de otra cosa es si efectivamente hay montada una trenza cuyo objetivo sea enriquecerse a costa del Estado, es decir todos los uruguayos. Este es el verdadero objetivo donde hay que poner la lupa, el resto son paparruchadas.
La difusión de la denuncia disparó una variada pirotecnia de especulaciones sobre quién o quiénes son los responsables de haber difundido esos hechos y, además, sobre qué intereses perseguían.
Así se ha dicho que fue el Movimiento de Participación Popular, o alguien que se hizo pasar por integrante de esa organización política, integrante del Frente Amplio. También se dijo que fueron ex militares, devenidos en empresarios, que están molestos por haber perdido las licitaciones. También se ha dicho que las denuncias son parte de una estrategia montada por la derecha para desprestigiar al gobierno frenteamplista o que se persigue afectar la moral del Ejército.
Otro punto de atención ha sido que, por su carácter de anónimo, no se debía investigar y de paso se trató de desvirtuar a los medios que publicaron las denuncias por dejarse usar a sabiendas o inocentemente, en el marco de un operativo de enchastre.
Lo concreto es que la denuncia existe, que desde Presidencia se le dio curso para que se investigue su verosimilitud y ese es el punto que importa más que cualquier otro.
En este caso lo que hay que desentrañar por encima de otra cosa es si efectivamente hay montada una trenza cuyo objetivo sea enriquecerse a costa del Estado, es decir todos los uruguayos. Este es el verdadero objetivo donde hay que poner la lupa, el resto son paparruchadas.
No cabe duda, cuando la denuncia anónima se produce a nivel horizontal, como tantas que llegan a una redacción de una publicación o tratan de romper la confianza entre iguales, es un método deleznable, a combatir. En los casos que nos ha tocado, en nuestra labor profesional, tener que decidir sobre una “denuncia” de este tipo, le hemos dado a la misma un mismo destino, la papelera.
Pero otra cosa es muy distinta cuando se trata de un anónimo que, obviamente, está referido a una organización vertical, donde las consecuencias de los datos aportados pueden reportarle al o a los denunciantes consecuencias irreparables.
Y los hechos están a la vista. En lugar de acentuarse públicamente a nivel político el trabajo inspectivo sobre el contenido de los hechos, que fue – y ello es un punto fundamental en todo el embrollo – vehiculizado por el propio presidente de la República que le ordenó al prosecretario de la Presidencia entregarle el documento a la ministra de Defensa Nacional, para que investigara todo el paquete de denuncias, muchas de ellas que se hace necesario despejar, comenzó una pocas veces vista especulación sobre el origen de la denuncia que, si bien importa, no es el centro del problema. Una verdadera caza de brujas.
El centro de la cuestión, obviamente, está en el tenor de la denuncia, porque la misma no solo involucra al vicepresidente de la República y a otros políticos, sino también a las jerarquías máximas del Ejército Nacional y es lógico que cada uno de los hechos reseñados en el escrito publicado el jueves de la semana pasada por Búsqueda, deben ser analizados, por el bien de la institucionalidad del país.
Aquí no se trata de creer o no creer, de pensar que se trata de una maniobra política para torpedear la posible candidatura presidencial de Rodolfo Nin Novoa, ni de suponer que algún militar molesto o resentido quiera perjudicar a los mandos de la fuerza. Esos ingredientes pueden estar en este asunto, pero hay mucho más.
Entonces se trata, por el bien del país, de que se despejen todas las dudas sobre el fondo del asunto y, si hubo una maniobra política de alguien o de algún grupo político (se menciona insólitamente al MLN o a sectores del MPP), la misma se diluirá en el marco de el avance de la verdad.
Por todo ello debo discrepar por el excesivo acento que puso sobre el anonimato la ministra de Defensa Nacional, a quién le llegó la documentación desde la propia Presidencia de la República. Ya lo dijimos, cuando el anónimo es manejado horizontalmente, es deleznable, no merece la más mínima atención, pero cuando denuncia hechos como los que se ponen en conocimiento aquí, lo único que cabe es investigarlos para despejar cargos, culpas y reafirmar para todos los uruguayos el valor supremo que tiene la democracia en que uno de sus ingredientes es el ser todos iguales ante la ley.