Ley de Memoria Histórica: hijos de emigrantes y exiliados serán españoles
El Senado ibérico aprobó la ley que permite a cerca de un millón de descendientes de inmigrantes acceder a la nacionalidad. Se opusieron el Partido Popular (PP), y los independentistas catalanes.
La conocida como Ley de Memoria Histórica, que amplía el acceso a la nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes y exiliados, quedó aprobada definitivamente tras superar el trámite en el Senado. Por medio de esta ley, cerca de un millón de descendientes de inmigrantes españoles, muchos de ellos uruguayos, podrán obtener la nacionalidad española, según estimaciones del gobierno español.
Para preparar a la administración con el objetivo de evitar el colapso de los consulados españoles, se acordó que la disposición referente a la nacionalidad entre en vigor en el plazo de un año desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para la próxima semana.
Por lo tanto, a partir de diciembre de 2008, los descendientes de españoles tendrán dos años para solicitar la nacionalidad española, plazo que el gobierno español puede prorrogar un año más. En la explicación de motivos de la ley de Memoria Histórica se establece que se "amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta primer grado -hijos- de quienes hubiesen sido originariamente españoles", independientemente de que hayan nacido en España, o sean hijos de emigrantes o exiliados.
Se aclara también que "se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes hasta segundo grado, de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) o la Dictadura (1939-1975)". Según la ley hasta ahora vigente, el Código Civil de 2002, el requisito es que los progenitores de quienes demanden la nacionalidad hayan nacido en España.
Desaparecido este requerimiento, el límite de la nueva ley es que debe haber una "continuidad" en la nacionalidad, requisito que no podrán cumplir los nietos de emigrantes españoles cuyos padres hayan fallecido sin haber optado por la nacionalidad española.
En algunos casos la situación quedará cubierta si se trata de nietos de exiliados por la Guerra Civil (1936-1939) o la dictadura franquista (1939-1975). El derecho a la nacionalidad española para nietos de emigrantes es un reclamo histórico de la emigración, y un compromiso que asumió ante ellos el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en marzo de 2008 intentará revalidar su gestión en las urnas.
El gobierno había introducido la reforma que ampliaría la nacionalidad a los nietos de emigrantes españoles en el trámite de la ley de Adopción Internacional, que se encuentra bloqueada en la comisión de Justicia. Por esta razón, en el tramo final de la legislatura, el gobierno optó por asegurarse la aprobación de esta reforma en materia de nacionalidad y la introdujo en la "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", nombre de la ley de Memoria Histórica.
La esperada ley, que condena el franquismo, deroga sus leyes y ordena la retirada de sus símbolos, salió adelante con el voto favorable de todos los partidos excepto el Partido Popular (PP), y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El Senado ibérico aprobó la ley que permite a cerca de un millón de descendientes de inmigrantes acceder a la nacionalidad. Se opusieron el Partido Popular (PP), y los independentistas catalanes.
La conocida como Ley de Memoria Histórica, que amplía el acceso a la nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes y exiliados, quedó aprobada definitivamente tras superar el trámite en el Senado. Por medio de esta ley, cerca de un millón de descendientes de inmigrantes españoles, muchos de ellos uruguayos, podrán obtener la nacionalidad española, según estimaciones del gobierno español. Para preparar a la administración con el objetivo de evitar el colapso de los consulados españoles, se acordó que la disposición referente a la nacionalidad entre en vigor en el plazo de un año desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para la próxima semana.
Por lo tanto, a partir de diciembre de 2008, los descendientes de españoles tendrán dos años para solicitar la nacionalidad española, plazo que el gobierno español puede prorrogar un año más. En la explicación de motivos de la ley de Memoria Histórica se establece que se "amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta primer grado -hijos- de quienes hubiesen sido originariamente españoles", independientemente de que hayan nacido en España, o sean hijos de emigrantes o exiliados.
Se aclara también que "se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes hasta segundo grado, de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) o la Dictadura (1939-1975)". Según la ley hasta ahora vigente, el Código Civil de 2002, el requisito es que los progenitores de quienes demanden la nacionalidad hayan nacido en España.
Desaparecido este requerimiento, el límite de la nueva ley es que debe haber una "continuidad" en la nacionalidad, requisito que no podrán cumplir los nietos de emigrantes españoles cuyos padres hayan fallecido sin haber optado por la nacionalidad española.
En algunos casos la situación quedará cubierta si se trata de nietos de exiliados por la Guerra Civil (1936-1939) o la dictadura franquista (1939-1975). El derecho a la nacionalidad española para nietos de emigrantes es un reclamo histórico de la emigración, y un compromiso que asumió ante ellos el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en marzo de 2008 intentará revalidar su gestión en las urnas.
El gobierno había introducido la reforma que ampliaría la nacionalidad a los nietos de emigrantes españoles en el trámite de la ley de Adopción Internacional, que se encuentra bloqueada en la comisión de Justicia. Por esta razón, en el tramo final de la legislatura, el gobierno optó por asegurarse la aprobación de esta reforma en materia de nacionalidad y la introdujo en la "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", nombre de la ley de Memoria Histórica.
La esperada ley, que condena el franquismo, deroga sus leyes y ordena la retirada de sus símbolos, salió adelante con el voto favorable de todos los partidos excepto el Partido Popular (PP), y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
