Quieren ajusticiar a La Turca
El asunto es así: una periodista, Ana María Mizrahi, (La Turca) supo a través de sus fuentes que el ex tupamaro José Luis Rodríguez se había presentado en la Justicia para informar que él fue el autor material del homicidio del hermano del dictador Gregorio Alvarez, el coronel Artigas Alvarez y quiso entrevistarlo. En la nota, Rodríguez deslindó además al ex tupamaro Roberto Luzardo, acusado por los militares de participar en la ejecución.
En esa entrevista, en el programa La Noticia y su Contexto, el ex preso político afirmó que el motivo de darle muerte fue que Alvarez “había matado a patadas a un compañero en la cárcel”. La hija del coronel Alvarez y sobrina del ex dictador Alvarez, Celeste Alvarez, se sintió agraviada y le inició juicio, no a Rodríguez, sino, insólitamente, a Mizrahi. La mujer consideró que los dichos del entrevistado mancillaban el honor de su padre.
Ya se realizó una audiencia bajo la batuta del juez Álvaro Beyhaut quien intentó una conciliación entre las partes que no prosperó. “El exceso no lo cometió ella”, dijo el juez, en alusión a que las palabras que ofendieron a la hija de Alvarez fueron las del entrevistado. Pero la denunciante pretendía una disculpa de Mizrahi que la periodista aclaró que no daría.
En la audiencia Mizrahi le tuvo que explicar a la fiscal, Brenda Puppo, por qué hizo esa entrevista y además contarle qué características tiene el programa en el que trabaja porque la magistrada no tenía conocimiento del mismo.
El juez Beyhaut le dio "vista fiscal”. Esto quiere decir que Puppo, la fiscal que no mira el programa y no lo conoce, estudiará la situación y el lunes a las 14.00 horas dirá qué resuelve. Si archiva, se termina la causa. De lo contrario, Mizrahi puede terminar procesada por preguntar.
Cito para el final a Andrés Alsina quien en su blog alojado en observa.com señala que si la procesan y condenan, será el tercer caso junto con los de los periodistas María Vaz y Carlos Dogliani. La sentencia en firme a éste por la Suprema Corte el 18 de setiembre, que consideró que el derecho al honor pone límite al derecho a informar, motivó una apelación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, y el gobierno uruguayo se vio obligado a negociar para no sufrir una condena internacional. De la negociación surgió una reparación al periodista y una ley que anula a los efectos de la difusión de información los cinco delitos que afectan la libertad de las personas: injuria, desacato, ofensas al honor o reputación (difamación), vilipendio de símbolos patrios, y de jefes de Estado extranjeros; artículos 173 y 333 al 336 del Código Penal. En consecuencia, desde la sociedad civil se hizo llegar al Ejecutivo un anteproyecto de reforma a la legislación sobre la libertad de expresión cuyo trámite haría bien el gobierno en apurar, para evitar nuevos bochornos.
